La penalización del aborto no salva fetos, pero sí mata mujeres. Está visto por siglos que cuando una mujer toma la decisión de no tener un hijo, no hay pena en el Código Penal ni en la justicia divina, que la disuada. La ilegalidad sólo la obliga a acudir a procedimientos inseguros que ponen en peligro su vida o su salud. La penalización no es la solución.
El aborto es un asunto de salud pública. Según el informe recientemente presentado por el Instituto Guttmacher, una cuarta parte de los 400mil abortos que se practican al año en Colombia, tiene complicaciones. A mayor dificultad para acceder a servicios legales y seguros, las mujeres de menores recursos exponen más su vida. Más que un dilema moral, este es un asunto de justicia social.
Enfrentar, no prohibir. Interrumpir un embarazo no es una situación fácil, la disminución en la tasa de abortos es altamente deseable, tanto como la de los embarazos no deseados. La discusión debe estar en cómo mejorar la educación sexual, cómo garantizar el acceso universal a los anticonceptivos y cómo eliminar la violencia sexual. Una verdadera preocupación por el bienestar de los no nacidos debería buscar que se garantice la atención prenatal gratuita a todas las colombianas que decidan tener hijos, los niveles nutricionales adecuados para ellas y los servicios de salud que aseguren su bienestar y el de su hijo o hija por nacer.
La dignidad de la mujer. Enviar a la cárcel a mujeres víctimas de violación o mujeres que buscan proteger su vida o su salud, es desconocer que la mujer es un ser humano plenamente digno que no puede ser tratada como máquina reproductiva de la especie humana.
Esta reforma no protege la familia. Las decisiones de tamaño y forma de la familia, que corresponden a quienes la integran, con esta reforma corren el riesgo de quedar en manos del Estado que podría, amparado en la protección de “la vida desde la concepción”, prohibir procedimientos como la fertilización in vitro. Grupos conservadores y religiosos lograron que esto sucediera en Costa Rica, único país en occidente donde este método de reproducción asistida es ilegal, bajo el argumento de que “una inmensa cantidad de embriones muere en el proceso”. De igual manera, la Anticoncepción de Emergencia –AE y el Dispositivo Intra Uterino –DIU, podrían ser catalogados como abortivos y, en consecuencia, prohibirse.
Bloquea avances legislativos a mandatos constitucionales. La muerte asistida y el derecho a morir dignamente fueron declarados acordes con la normativa constitucional colombiana desde 1998; su reglamentación está desde entonces pendiente en el congreso colombiano. La protección de la vida “... hasta la muerte natural”, cierra de manera definitiva la puerta a desarrollo legislativo alguno en este tema, poniendo en riesgo el ejercicio de derechos a la autonomía y a una vida digna.
Espero que mi firma de rechazo, y la de todas las personas que respaldamos esta carta, pongan freno en el congreso a la inclusión de una agenda católica que se presenta en abierta oposición con la realidad y con los principios laicos de nuestra Constitución.
Firman,
Mónica Roa
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